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Reestructuración Financiera

JOHANNA PRIETO  FINANZAS CORPORATIVAS 

23-07-2018

 

Reestructuración Financiera

Las noticias conocidas en los últimos días sobre la reestructuración de la deuda de determinadas comunidades autónomas (CCAA) y la delicada situación de varias empresas en Canarias, con las que nos hemos reunido recientemente, nos obligan a profundizar en el concepto de liquidez y solvencia como elemento esencial de la continuidad de una empresa. Resulta evidente que una empresa que no sea solvente, entendiendo el término como la capacidad para hacer frente a sus compromisos en el largo plazo, está abocada a la quiebra. No obstante, son muchas las empresas que, aun siendo solventes, están igualmente obligadas a cerrar y/o entrar en situación concursal y finalmente quiebran. Hablamos así de empresas que si bien generan flujos de caja y liquidez suficiente para hacer frente a sus compromisos de pago en un periodo largo de tiempo, no disponen de la tesorería necesaria para cumplir con sus obligaciones financieras del corto plazo al concentrase la devolución de sus préstamos en los próximos meses. Son estas empresas en las que nos queremos centrar, ya que esta situación se podría revertir con determinadas mecanismos y ayuda institucional, en la línea de lo que acaba de anunciar el nuevo Gobierno para las comunidades autónomas.

Centrándonos en el caso de las autonomías, la elevada percepción del riesgo de España y de determinadas comunidades con elevados déficit, llevó al Gobierno en 2011 a crear el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Se trataba de un instrumento que permitía a aquellas comunidades autónomas, que no podían hacer frente a sus compromisos de pago con los bancos e inversores al no encontrar nueva financiación de terceros, obtener financiación directamente por parte del Estado. Es decir, el Estado financiaba a las Comunidades Autónomas para que éstas pudieran hacer frente a sus obligaciones de pago, retrasando así en el tiempo dichos compromisos de pago.

En los últimos días, el Gobierno ha anunciado que, a pesar de que existe actualmente muchos inversores dispuestos a financiar a las Comunidades Autónomas revirtiéndose la situación del 2011 que llevó a instaurar el FLA, va a establecer un mecanismo específico para restructurar la deuda de aquellas regiones en peor situación, adecuando los plazos de devolución de la misma a la capacidad de generación de ingresos de la misma.  Se reconoce así que aunque la situación de muchas comunidades ha mejorado, aumentando así la solvencia de las mismas, pero que existen problemas de liquidez que de no solucionarse llevarían a las mismas al incumplimiento de sus pagos.

Este mismo tipo de mecanismos y actuaciones creemos que es necesario en el caso de las pymes españolas. Sin embargo, no sólo no se han desarrollado por parte de las instituciones mecanismos específicos con impacto real en el tejido empresarial, sino que existen impedimentos a nivel institucional para que las entidades financieras faciliten este proceso de reestructuración de la deuda a empresas. Así está la normativa y circulares bancarias que obligan a nivel nacional a las entidades financieras a dotar/provisionar en mayor medida todas las operaciones de refinanciación que no mejoren las garantías iniciales. Sintetizando mucho, la realidad es que si una entidad financiera refinancia la deuda a una empresa y no consigue una mayor garantía o aval respecto a la operación refinanciada, la entidad financiera tendrá que recoger en su balance la operación con un mayor riesgo asociado (mayor dotación/provisión y por tanto, consumo de recursos propios). Esta circunstancia, unida a otros criterios igualmente cuestionables de negocio y rentabilidad de las entidades financieras, no facilita en nada la reestructuración de los préstamos de muchas empresas. La concesión de avales y garantías concretas por parte de las instituciones regionales, incrementaría el éxito de las refinanciaciones, apoyado así realmente a un tejido empresarial que, aunque ha conseguido capear la crisis no dispone de liquidez en el corto plazo. Valga una reflexión, tan sólo con diluir las obligaciones financieras de una empresa en promedio a 10 años vista, incluso sin incorporar carencia, más del 80% de las empresas con dificultades de liquidez que conocemos garantizarían su continuidad y pago de la misma. Todo es querer y empezar.

 

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