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¿Ha llegado ya el momento de las pymes y autónomos?

JOHANNA PRIETO,  FINANZAS CORPORATIVAS

14/11/2018

En un país donde las empresas de carácter familiar (pequeñas y medianas empresas en su mayoría) suponen casi el 90% del tejido empresarial del país, y son responsables de más del 65% del empleo que se genera, aportando más del 57% de su Producto Interior Bruto, resulta incomprensible no encontrar, tras analizar la crisis financiera que hemos dejado atrás, ninguna medida desarrollada por las autoridades públicas que podamos decir que haya sido crucial para la continuidad y supervivencia de las empresas, como sí ocurrió en el caso del sector financiero y las Administraciones Públicas. El sacrificio y esfuerzo de los empleados, proveedores y de los propios empresarios, que en muchas ocasiones han tenido que llegar a vender o hipotecar sus bienes personales, han sido las únicas medidas efectivas que han sustentado la continuidad de muchas pequeñas y medianas empresas en estos últimos años.

Se han llevado a cabo política monetarias ultra-expansivas y no-convencionales para mejorar la posición de liquidez y solvencia de las entidades financieras y facilitar la financiación del déficit corriente de los Gobiernos, que no de inversión, de multitud de países. Sin embargo, en lo que respecta a las empresas no financieras, la realidad es que han sido las más olvidadas y poco cuidadas de esta crisis.

Si bien desde las instituciones, asociaciones y consorcios, tanto nacionales, territoriales como provinciales y locales, se han hecho esfuerzos para facilitar la ejecución de inversiones de las empresas, la realidad es que los esfuerzos realizados no han sido suficientes y no han llegado a aquellos proyectos y empresas que no alcanzaban los estándares de riesgo y rentabilidad definidos de manera genérica por las entidades financieras, que por otra parte han sido reforzados en términos de exigencia. Resulta evidente que si una empresa no es solvente y no tiene capacidad para hacer frente a sus compromisos de pagos en el largo plazo, no tiene sentido ningún tipo de ayuda externa en modo de financiación ya que no podrá nunca devolver esos fondos. No obstante, son muchas las empresas que, aun siendo solventes, están igualmente obligadas a cerrar o entrar en situación concursal y finalmente, muchas terminan quebrando. Hablamos así de empresas que si bien generan flujos de caja y liquidez suficiente para hacer frente a sus compromisos de pago en un periodo largo de tiempo, no disponen de la tesorería necesaria para cumplir con sus obligaciones financieras del corto plazo, al concentrase la devolución de sus obligaciones financieras de pago en los próximos meses. Son estas empresas las que creemos que han sido las grandes olvidadas durante la crisis ya que esta situación se hubiera podido revertir con determinados mecanismos y ayuda institucional, en sintonía con lo que ha venido haciendo el Gobierno con las Administraciones Públicas en peor situación. Para éstas, el Gobierno ha venido refinanciando los compromisos de deuda con inversores, bancos y hasta proveedores de las Corporaciones Locales y Comunidades Autónomas, asumiendo el Estado la deuda a un plazo de retorno más amplio, permitiendo así a las administraciones destinar sus recursos a financiar sus gastos corrientes, mientras se iban realizando los ajustes de gastos requeridos.

Esta clase de mecanismos y actuaciones consideramos que era, es y será necesaria en el caso de las pymes españolas. Al igual que se le pidió, controló y exigió a las administraciones públicas ajustes y actuaciones específicas a cambio del dinero prestado por el Estado, se hubieran podido desarrollar determinados mecanismos de ayuda pública para la financiación y/o restructuración de las empresas, supeditados a que se llevaran a cabo una serie de ajustes y requisitos. Esperamos que ahora, una vez ya se han “solucionado” los problemas más visibles del sector financiero y saneadas las finanzas públicas, se desarrollen mecanismos de economía real que permitan a las empresas que han conseguido llegar hasta aquí, mejorar su situación financiera. La concesión de avales y garantías públicas concretas en los casos de refinanciaciones, la concesión de crédito supeditada a la realización de una serie de ajustes definidos (planes de ajustes), la aportación de liquidez para reequilibrar en el medio plazo sus compromisos de pagos, etc., deben ser, a nuestro entender, algunas de las actuaciones a implementar por las Administraciones Públicas.

Las últimas medidas adoptadas por el Gobierno vigente, de elevar el https://elpais.com/politica/2018/10/10/actualidad/1539197725_422692.htmlSMI y aumentar la carga social para los autónomos, no parecen que vayan encaminadas a contribuir positivamente a la salud financiera de pymes y autónomos.

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