Francia, entre la protesta social y la crisis de deuda

25/10/2026

La sociedad francesa atraviesa una tensa situación política y económica. El descontento social, alimentado por el alto coste de vida y el deterioro de servicios públicos han terminado por estallar en las calles del país. El país galo enfrenta una situación tan diversa como complicada, con una realidad fiscal difícil, donde el gobierno francés se encuentra con un déficit público muy elevado, llegando a cotas del 5,4% del PIB, por encima del objetivo del 5%. Al mismo tiempo, la deuda pública se encuentra en niveles récord, entorno al 120% del PIB, que se combina con un crecimiento de la economía débil, donde se ha revisado a la baja las expectativas de crecimiento para este año 2026, y con una subida de los tipos de interés de la deuda que pone aún más en jaque al gobierno.

En cuanto la deuda pública, el bono francés ya alcanza un rendimiento similar a sus homólogos estadounidense y británico, acercándose al 5%, con un diferencial sobre el bono alemán en máximos desde la crisis de la eurozona, unos 100 puntos básicos sobre este último, y ya encontrándose por encima del diferencial que ofrece el bono italiano, presionando así el ya tenso momento del presupuesto del gobierno.

La clase política ha sido incapaz de responder de forma eficaz a esta decadente coyuntura fiscal del país, pasando dos ejercicios consecutivos sin un presupuesto aprobado de forma plena y sin una mayoría en la Asamblea Nacional. Una de las últimas propuestas del gobierno fue la reducción del déficit público al 5% del PIB en el año 2027 mediante recortes por valor de 54 mil millones de euros, siendo finalmente rechazada.

Esta última propuesta de recorte del gasto público supuso el detonante de una sociedad descontenta por motivos como la falta de profesorado en escuelas de secundaria, falta de inversión en universidades, el deterioro generalizado de otros servicios públicos, y otros como el cada vez más alto coste de vida en el país, o el palpable aumento del coste de los combustibles.

El pasado 17 de octubre se puso de manifiesto este descontento general de la sociedad francesa, donde cerca de un millón de manifestantes salieron a las calles de las principales ciudadanes galas, reuniendo diferentes segmentos poblacionales como los agricultores, transportistas, profesores, estudiantes universitarios u organizaciones sindicales, todos mostrando su oposición hacia el creciente coste de la vida en el país y la clase política que dirige el mismo.

Buena parte de estas manifestaciones acabaron de forma violenta, con disturbios que han dejado alrededor de 2000 detenidos tras darse saqueos e incendios en distintas ciudades como Lyon, Marsella o París. Esto ha llevado a mostrar al mundo la tensa situación social que se vive en el país, así como la dificultad del gobierno para tomar medidas de recorte público que traten de mejorar la tesitura.

La política fiscal del país se encuentra en un escenario límite, donde las pensiones se llevan más del 50% del gasto público, y donde a su vez, se estima que cerca del 50% de la población francesa reside en un hogar cubierto por al menos una prestación pública. Por otro lado, este tipo de gasto ha ido aumentando en términos generales, pero otras partidas como infraestructuras o educación han visto reducida su importancia en el global del gasto del país. A su vez esto se junta con que los impuestos y las contribuciones sociales suponían un 45% del PIB en el año 2024, por encima de países como Italia, Alemania o España y siendo únicamente superada por Dinamarca, esto se traduce en que el gobierno tenga muy poco margen adicional para continuar gravando al contribuyente.

Con respecto a los mercados, la bolsa francesa, representada por el índice CAC 40, reacciona negativamente a la coyuntura económica del país, con una caída del 5% en el 2026, y con compañías como LVMH corrigiendo un 40% en el año, u otras como Hermes o Danone también generando retornos negativos. Deben de seguirse de cerca situaciones como la vivida en Francia para poder aprender de sus errores y tratar de evitar cometerlos en otros países, como España, donde se comparten ciertas similitudes al caso francés.