Bonos verdes, sociales y sostenibles
JOHANNA PRIETO FINANZAS CORPORATIVAS
17-06-2018
Bonos verdes, sociales y sostenibles
En estos últimos meses un nuevo instrumento de financiación se está haciendo hueco en las carteras de grandes inversores institucionales. Hablamos de los inicialmente conocidos como Bonos Verdes que no son más que títulos de renta fija, emitidos por instituciones públicas y empresas privadas, cuya característica específica es que los fondos obtenidos se destinan a financiar o refinanciar actividades/proyectos verdes o relacionados con la sostenibilidad, ya sean medioambientales o sociales. Si bien coloquialmente muchos agentes los denominan inicialmente Bonos Verdes al realizarse las primeras emisiones para financiar actividades relacionadas con el medio ambiente en general y el uso de la energía, este concepto incorpora además de los bonos sostenibles y sociales. De ahí que recientemente, y dado que los últimos datos de actividad dejan claro que se trata de un mercado que ha venido para quedarse, se haya generalizado el concepto de Bonos Sostenibles que comprende tanto los Bonos Verdes como los Bonos Sociales.
Si bien este tipo de instrumentos supone menos del 2% del total de emisiones en los mercados de capitales, resulta inevitable no poner el foco en los mismos, atendiendo al crecimiento registrado en los meses más recientes. Aunque fue en 2007 cuando se realizó la primera emisión de Bonos Verdes por el Banco Europeo de Inversiones y hasta 2012 el mercado se limitaba a 5.000 millones de euros, el auge a partir de 2014, y especialmente en este último año, ha sido asombroso. En 2014 el mercado alcanzó los 40.000 millones de euros, incrementándose hasta 160.000 millones de euros en 2017. La clave de este crecimiento, y del exceso de demanda por parte de los inversores que están teniendo estos bonos en cada una de sus emisiones realizadas (de media, dos veces la oferta), no está, aunque parezca mentira, en la rentabilidad y seguridad que los mismos aportan a los inversores.
En lo que respecta al coste, éste no dista demasiado del cotizado para la renta fija estándar del mismo emisor, y no cuenta con mayores coberturas de riesgo o covenants adicionales que el propio riesgo de crédito del emisor, justificándose la elevada demanda en la falta de alternativas de inversión sostenibles para inversores institucionales que tienen, o quieren, establecer en su política de actuación en inversiones sostenibles a demanda de sus inversores. En el caso específico de España, destaca de la Comunidad de Madrid que fue la primera administración pública española en emitir bonos de esta naturaleza para financiar políticas públicas relacionadas con sanidad, educación, servicios sociales, promoción del empleo, transporte público y la vivienda social. Hasta el momento ha realizado 3 emisiones por casi 1.800 millones de euros, inaugurando el mercado en 2016 para financiar de manera específica las ayudas que concedía para la Renta Mínima de Inserción (RMI). Actualmente, se han lanzado al mercado otro tipo de emisores, tanto públicos como privados, entre los que destacan el País Vasco, el Ayuntamiento de Barcelona, Adif, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Repsol y el ICO.
Si bien se trata de un mercado que tiene carencias por cubrir, especialmente en lo que se refiere a una regulación determinada que establezca legalmente los requisitos y principios específicos de las inversiones y proyectos, sustituyendo así los principios voluntarios establecidos por agrupaciones de inversores publicados por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA por sus siglas en inglés), entendemos que podría ser un instrumento clave para determinadas empresas y proyectos en Canarias. A escala global, son varios los proyectos energéticos que se están evaluando financiar con este tipo de instrumento, ampliándose el abanico si tomamos como referencia las últimas emisiones a nivel mundial para financiar hospitales, colegios, gestión de puertos y aeropuertos, etc. Por tanto, los bonos verdes, sociales y sostenibles, han venido para quedarse.
