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Una gran y hermosa…deuda

JORGE BAUER, ASESORAMIENTO Y GESTIÓN PATRIMONIAL

07/07/2025

Después de un largo periodo de debate por parte de los representantes de los grandes partidos políticos de los EEUU y un estrechísimo margen de aprobación (218 votos a favor frente 214 en contra), Trump se ha vuelto a salir con la suya, con la aprobación, de una vez por todas, de su ambicioso y controvertido proyecto de ley fiscal y migratoria, conocida oficialmente como “la Ley Grande y Hermosa” (One Big Beautiful Bill Act o “OBBB” Act).

Esta nueva ley fiscal pretende convertirse en uno de los principales emblemas de la segunda legislatura de Donald Trump. Todo ello, a través de una reconfiguración de los pilares fiscales del país, con profundas implicaciones sobre el equilibrio presupuestario, la política monetaria y la confianza de los inversores. De esta forma, la ley combinará una agresiva reducción de impuestos con una expansión significativa del gasto público, siendo oficialmente firmada el 4 de Julio (coincidiendo con el día de la independencia) al muy estilo Trump. Pero ¿Cuáles han sido las principales medidas aprobadas y qué implicaciones tendrán sobre el conjunto de la economía estadounidense?

Para empezar, desde un punto de vista estructural, por el lado de los ingresos del gobierno, el proyecto extenderá de forma permanente los recortes tributarios que el mismo Trump aprobó durante su primer mandato en el año 2017, eliminará el impuesto sobre las propinas y concederá nuevas reducciones y beneficios empresariales, lo cual representará, según estimaciones de la Oficina Presupuestaria del Congreso de los Estados Unidos (CBO), una pérdida anual de ingresos de aproximadamente 520.000 millones de dólares.

En paralelo, por el lado del gasto público, éste se incrementará notablemente, hasta alcanzar los 350.000 millones de dólares anuales, destinados principalmente en áreas como seguridad interior, defensa, seguridad fronteriza e incentivos a la natalidad, junto con transferencias puntuales a determinados estados. Así mismo, como contrapeso, se prevé implementar recortes limitados que se estiman alrededor de los 90.000 millones al año, y que afectarán mayormente a programas sociales como Medicaid, SNAP (asistencia alimentaria) o subvenciones a energías limpias, desmantelando de esta forma, partes de la Ley de Reducción de la Inflación de la era Biden. El resultado neto de esta política fiscal es que disparará el déficit fiscal anual y sumará cerca de 3,4 billones de dólares a la deuda federal durante la próxima década.

Este deterioro se produce en un contexto ya tensionado, donde el servicio de la deuda superó en 2024 los 881.000 millones de dólares, (equivalente al presupuesto de defensa), lo que está generando cierta desconfianza en los mercados que se han visto reflejada tanto en el incremento en la rentabilidad de los bonos, como en la depreciación del dólar frente a otras divisas.Lo paradójico de esta nueva ley es que Trump llegó al poder prometiendo precisamente reducir el déficit, hecho que explica la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Sin embargo, la misma apunta en sentido contrario y constata que ni el Partido Republicano ni el Demócrata parecen dispuestos a enfrentar el problema de sobreendeudamiento y que, en la práctica, ambos parecen haber adoptado como norma general la expansión permanente del gasto sin respaldo en ingresos genuinos, confiando en que los efectos inflacionarios y el crecimiento compensen los desequilibrios, cuestión que explica las presiones ejercidas por Trump hacia la Reserva Federal en los últimos meses.

De esta forma, si la manera en la que el gobierno estadounidense tiene pensado repagar su deuda a futuro es a través de bajas tasas de interés y devaluación monetaria, sus efectos podrían reducir, en términos reales, el poder adquisitivo del conjunto poblacional, y en mayor medida sobre aquellos individuos que no posean activos financieros, incrementando de esta forma las desigualdades. Es por ello por lo que, como inversores, nuestro objetivo principal debe ser el de protegernos ante estas políticas y preservar así nuestro patrimonio invirtiendo en aquellos instrumentos que conozcamos y que sabemos mantendrán su valor en términos reales a lo largo el tiempo.