Plan Juncker – Actualización
JOHANNA PRIETO, FINANZAS CORPORATIVAS
Desde el año 2014, la Comisión Europea (CE) y el Banco Central Europeo (BCE) vienen advirtiendo de la necesidad de complementar las medidas ordinarias de actuación sobre el tipo de interés oficial de los Bancos Centrales con la implementación de mecanismos que posibilitarán reformas estructurales por parte de los países miembros, como elemento esencial para que el crédito fluya hacia las empresas y familias, y por ende, se genere crecimiento. Si bien han sido varias las actuaciones fiscales y económicas comunes por parte de los estados miembros, en esta ocasión haremos una reflexión de una de los anuncios más sonados y destacadas como fue el Plan Juncker -denominado formalmente Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE)-, aprovechando la visita de hace unas semanas de las autoridades europeas a Canarias en la Conferencia de Presidentes de las RUP (Regiones Ultraperiféricas).
A grandes rasgos, el Plan Juncker nació como un plan de inversión público-privada para el conjunto de países de la Unión Europea que trataba de movilizar un importe estimado de 315.000 millones de euros entre el 2015 y 2018, orientado hacia sectores claves de la economía. Del importe total, 75.000 millones de euros se destinarían a financiar a las Pymes, proyectos de Investigación y Desarrollo o a reforzar el capital riesgo y el importe restante se canalizaría a la inversión en infraestructuras de energía, transporte, alta velocidad digital y la promoción de las energías renovables. Para ello, la CE aportaría unos 21.000 millones de euros, alcanzando la participación privada los 295.000 millones de euros, 15 veces superior al importe de la aportación pública (apalancamiento o efecto multiplicador de los fondos públicos). Es decir, tal y como estaba definido el Plan, el ratio de apalancamiento de los fondos públicos o, lo que es lo mismo, el grado de la participación del sector privado determinaría el éxito de la iniciativa.
Según los últimos datos aportados por las autoridades europeas, se han movilizado más de 335.000 millones euros en inversión en toda la Unión Europea, superando ampliamente el objetivo inicial, financiándose proyectos que van desde la formación profesional para los refugiados en Finlandia, hasta las energías renovables en Grecia o la agricultura en Bulgaria, estimándose, además de los 750.000 empleos y el incremento del 0,6% del PIB de la UE ya generados, una creación de empleos de más de 1,4 millones y un incremento del PIB de la UE de un 1,3% hasta 2020. En el caso de España, se han aprobado 96 operaciones por un volumen total de financiación de más de 7.300 millones de euros, que movilizarán, por el efecto apalancamiento del sector privado, más de 37.200 millones en inversiones, convirtiéndose en el tercer país más beneficiado detrás de Francia e Italia, destacando la financiación de la renovación del parque de autobuses urbanos de Palma de Mallorca, la construcción de más de 500 viviendas sociales asequibles en Navarra, la financiación del Plan de Inversiones de la empresa Grifols con el fin de apoyar sus iniciativas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) para tratar enfermedades raras y crónicas como la enfermedad de Alzheimer, así como la financiación, a través de acuerdos con las entidades financieras, para la canalización de crédito a pymes y empresas de mediana capitalización por más de 1.000 millones de euros.
Sin embargo, tal y constataba el Banco Europeo de Inversiones (BEI) en la citada Conferencia de Presidentes de las RUP, la repercusión en Canarias del Plan ha sido muy escasa y casi nula, en la línea del resto de regiones ultraperiféricas. Destacando en Canarias sólo el proyecto de construcción de la MetroGuagua de Las Palmas de Gran Canaria, como primera línea rápida de autobuses de alta capacidad, que operará en España con una aportación de 50 millones de euros.
Reconociendo igualmente este organismo que inicialmente se concibió para proyectos de grandes dimensiones, que pueden no encajar en territorios de superficie y población más limitada como Canarias, recuerda la posibilidad de facilitar la financiación de determinados proyectos de infraestructuras, industriales y de transportes de la región de magnitud relevante (mínimo 25 millones de euros), destacando incluso la posibilidad de crear plataformas de inversión y fondos de microcréditos que pueden financiar proyectos más pequeños. Deja, por tanto, en mano tanto de las administraciones públicas como de asociaciones sectoriales y empresariales, la responsabilidad de unificar y coordinar actuaciones y proyectos colectivos de interés económico para la región con el objetivo de aprovechar las oportunidades derivadas de la ampliación del Plan hasta el 2020. La llave está así en que la iniciativa privada, o en su defecto las administraciones públicas como ocurre en el caso del proyecto de MetroGuagua, identifiquen proyectos claves para la región, apalancando el Fondo una parte de las necesidades de inversión.