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Ayudas y rescates boomerang

JOHANNA PRIETO,  FINANZAS CORPORATIVAS

25/11/2018

Hace unos días hacíamos una reflexión sobre las medidas nacionales y supranacionales con las que habían contado algunos sectores de esta economía durante la crisis, y nos llamaba la atención la reciprocidad e impacto de las mismas en las cuentas públicas de los Gobiernos Centrales, y especialmente en el caso del Gobierno Español.

A nadie se le escapa que el sector bancario ha sido el sector más apoyado y ayudado por los Gobiernos e Instituciones esta última década. Rescates bancarios, políticas monetarias expansivas y multitud de medidas extraordinarias para ayudar al saneamiento y capitalización de la banca. Conscientes de la relevancia y buena salud que ha de tener el sistema bancario de un país para garantizar la continuidad y evitar la bancarrota del mismo, consideramos más que justificadas muchas de las medidas desarrolladas por las instituciones y gobiernos, si bien criticamos la forma y tiempo de algunas actuaciones para el saneamiento de determinados balances como las implementadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y el Fondo de Garantía de Depósitos (FGDEC). La cuestión a estas fechas, ya no es tanto si los más de más de 60.000 millones de euros que nos viene costando a los contribuyentes, es mucho o poco teniendo en cuenta el impacto negativo que la potencial quiebra del sistema financiero hubiera podido generar, sino el hecho de que todavía algunos continúen defendiendo que no fue un rescate y que acabará recuperándose.

Dejando al margen estas dos cuestiones para las cuales tenemos una respuesta tajante en la línea de lo que cree la inmensa mayoría de la población, nos queremos centrar en analizar los beneficios positivos para el Estado de las medidas implementadas para el saneamiento y capitalización de la banca. El primero y más relevante, es que ha sido este mismo sector el que ha permitido financiar los elevados déficits del Gobierno en una época donde la percepción y calidad de España estaba entredicho, cerrando así las puertas a la entrada de capital extranjero. Así, actualmente de los casi 1,2 billones de euros, que supone casi un 100% del PIB, más del 50% de la deuda pública está en manos del sector financiero español, mientras que sólo el 1,8% está en la cartera de residentes no pertenecientes al sector financiero. Resulta evidente que cualquier problema de liquidez y/o solvencia, que pudiera mermar la demanda de deuda del Estado por parte de entidades financieras en el peor momento de la crisis, donde la percepción del riesgo sobre España frenó la entrada de capital extranjero, requería de un apoyo al sistema financiero como única alternativa para cubrir el déficit del país.

Un saneamiento y apoyo similar se implementó durante la crisis por parte del Estado con las Administraciones Públicas. El Gobierno refinanció los compromisos de deuda y obligaciones de pago con bancos, inversores y proveedores de las Corporaciones Locales y Comunidades Autónomas, asumiendo el Estado esta deuda a un plazo más largo. Así, en el caso de las Comunidades Autónomas, el Gobierno creó en el 2012 el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que permitía a aquellas Comunidades Autónomas que no podían hacer frente a sus compromisos de pago con los bancos e inversores, al no encontrar nueva financiación de terceros, obtener financiación directamente por parte del Estado incluso a tipo cero. Lo mismo ocurrió en el caso de las Corporaciones Locales, cuando se creó por parte del Estado un mecanismo extraordinario para el pago a proveedores, que en la práctica supuso dilatar hasta en 10 años las obligaciones a corto plazo. Con esta medida de asunción de deuda y alargamiento de plazos, el Gobierno consiguió reducir los compromisos de pago de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas en los años más cercanos, incrementando así los recursos disponibles de los mismos para financiar sus gastos sin incrementar así el déficit global del Sector Público. Es decir, diluir con la financiación los pagos del resto de Administraciones, para que en la práctica el Gobierno Central contase con un mayor margen para incurrir en déficit público sin incumplir los límites fijados por la Unión Europea.

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